Sábado, 12 de octubre de 2019

La Legislatura aprobó que sea obligatoria la publicación de todas las resoluciones del STJ

Será obligatoria la publicación de todas las sentencias, acordadas y resoluciones administrativas del Superior Tribunal de Justicia.

Lo resolvió la Cámara de Representantes de Misiones en su sesión semanal, al aprobar una ley que unifica sendos proyectos presentados por los diputados Víctor Kreimer y Carlos Rovira, con el fin de materializar el derecho al acceso a la información. La medida alcanzará también a los demás tribunales y juzgados del Poder Judicial.

Las publicaciones dispuestas por ese Poder se deberán efectuar a través de un diario judicial o de artículos, en ambos casos en formato digital, y accesibles al público de manera gratuita, a través de su sitio en Internet.

En los fundamentos de su proyecto, Kreimer explicó que con “la difusión de los fallos podrían desarrollarse compendios de jurisprudencia que facilitarían y harían más eficiente la tarea de los abogados”, al mismo tiempo que permitiría avanzar “de manera significativa en el cumplimiento del principio republicano de publicidad de los actos, esta vez, en el servicio de justicia”.

Por su parte, Rovira, manifestó que, desde su proyecto político, entienden “que la noción de república clama por acceso a la información, y la rama judicial no es la excepción”, y consideran que “con un buen acceso a esos procedimientos y registros, no sólo los actores involucrados sino también la sociedad en su conjunto saldrán favorecidos”.

“Por ello venimos a ratificar la importancia capital que tiene fortalecer líneas de acción tendientes a abrir las puertas de los tribunales a la sociedad, sosteniendo que la comunidad tiene derecho a saber qué hacen sus jueces, cuántos conflictos resuelven y de qué manera; cómo deciden en aquellos casos que pueden cambiar la vida de las personas y no solo de los circunstanciales litigantes, toda vez que la información judicial es un bien público”, expresó el legislador.

La Legislatura también resolvió donar a la Asociación Bomberos Voluntarios de Puerto Rico, un inmueble del Estado provincial, luego de desafectarlo de su condición de reserva fiscal. Estará destinado a la construcción del edificio del cuartel de bomberos y de un centro de capacitación, entre otras instalaciones. Fue por una iniciativa del legislador Raúl Flach, quien, a través de su proyecto, propuso “facilitar y promover la posibilidad de la inversión pública y privada en el predio donde funciona el Cuartel de Bomberos de Puerto Rico, contribuyendo, desde el Estado, a la prestación de más y mejores servicios de interés público comunitario”.

Además, la Cámara de Representantes declaró Capital Provincial del Azúcar Rubio Artesanal al municipio de Mojón Grande; instituyó la Fiesta Provincial del Productor del Azúcar Rubio Artesanal; y designó al mes de julio de cada año para la realización de jornadas que promuevan dicha producción. El diputado Mario Ruhmling, autor de la propuesta, destacó que la economía de esa localidad “se encuentra dada en relación a las actividades agrícolas”, constituye la “principal producción de la caña de azúcar”, es uno de los mayores abastecedores y “el corazón de la producción cañera misionera”.

También se instituyó la Fiesta Provincial del Emprendedurismo, con sede permanente en la ciudad de Eldorado, que se realizará en noviembre de cada año. El legislador Oscar Alarcón, autor del proyecto, refirió que el festejo “surgió para dar un lugar a todos aquellos emprendedores cuyo trabajo se genera y desarrolla con mucho esfuerzo, con la convicción de que ésta es la manera de propiciar las condiciones para forjar un futuro mejor”.

Asimismo, el Parlamento misionero aprobó la rendición de cuentas anual, de la gestión financiera patrimonial 2018, del Tribunal de Cuentas, que fue remitido por ese organismo, para dar cumplimiento a lo establecido en su propia ley orgánica.

La Legislatura también adhirió a la  provincia a la Ley Nacional 26.905. Esta adhesión, fue impulsada por los legisladores Noelia Leyria y Gustavo González, y tiene como objetivo promover la reducción del consumo de sodio en la población, e impulsar medidas para la disminución del contenido de sodio en ciertos grupos de alimentos; además, concientizar a la población sobre el riesgo del consumo de sal.

 

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